El Reglamento de Ordenación de la Navegación Marítima, que permitiría el alquiler de barcos de lista séptima durante tres meses al año, ha sido pospuesto hasta julio de 2025. Inicialmente programado para entrar en vigor en julio de este año, este retraso se confirmó en una reunión entre Gustavo Santana, director general de Marina Mercante, y representantes del chárter marítimo en Baleares.

En la videoconferencia, en la que participaron José María Jiménez, portavoz del chárter marítimo en Baleares, y Santiago Mayol, presidente de APEAM, también se mencionó la posibilidad de incluir excepciones en el nuevo reglamento para regiones con alta presión de embarcaciones. Julio Carlos Fuentes, subdirector general de Normativa Marítima y Cooperación Internacional, indicó que estas excepciones podrían ser estudiadas para su inclusión.

La preocupación principal en Baleares es la saturación de embarcaciones durante la temporada alta, que como todos sabemos es inmensa. José María Jiménez destacó que la liberalización del alquiler de barcos de lista séptima podría agravar esta situación, ya que permitiría a una mayor cantidad de embarcaciones privadas operar comercialmente. La normativa actual requiere que cualquier actividad de chárter marítimo en Baleares obtenga la declaración responsable y autorización del Govern balear, el cual ha expresado su oposición a la medida propuesta.

Antoni Mercant, director general de Ports i Transport Marítim del Govern balear, comparte la preocupación del sector, al igual que Xavier Ramis. Ambos consideran que la medida podría desbordar el ya tan elevado tráfico de embarcaciones en la zona de baleares. Aunque alquilar barcos en otras comunidades y navegar hasta Baleares podría ser una solución alternativa, el Govern balear ha prometido no dar autorizaciones a barcos de lista séptima, y se prevén sanciones bastante significativas para quienes infrinjan la normativa.

Este aplazamiento hasta 2025 da bastante tiempo para evaluar y ajustar el reglamento, con el objetivo de equilibrar la demanda del chárter marítimo y la capacidad que tienen las aguas baleares. La colaboración entre las autoridades y el sector es necesaria para desarrollar una normativa que beneficie a todos sin comprometer la seguridad marítima en las Islas Baleares.