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Decreto 44/2025 en Baleares: fin del alquiler por plazas y su impacto en el sector náutico

Decreto 44/2025 en Baleares: fin del alquiler por plazas y su impacto en el sector náutico

Un cambio inesperado en plena temporada alta

El Decreto 44/2025, publicado el 2 de agosto de 2025 por el Gobierno de Baleares, ha sorprendido a todo el sector náutico. La nueva norma prohíbe el alquiler por plazas en barcos de Lista Sexta, una modalidad clave para excursiones, formación y actividades recreativas.

Este cambio, aplicado en mitad de la temporada, amenaza la estabilidad de patrones profesionales, escuelas náuticas y empresas de chárter.

Consecuencias para empresas, patrones y alumnos

Riesgo de cierre para pequeñas y medianas empresas

La restricción podría provocar la quiebra de negocios familiares y pymes náuticas, así como la pérdida de numerosos empleos en las islas.

Reducción de opciones para los patrones

Muchos patrones de embarcaciones de recreo (PPER), que hasta ahora trabajaban en viajes por plazas, perderían su fuente principal de ingresos.

Formación náutica en riesgo

Escuelas e instructores internacionales quedarían fuera de la normativa, reduciendo la llegada de alumnos extranjeros.

Modalidades como mile building o prácticas por plazas desaparecerían, limitando la experiencia práctica de los nuevos titulados.

Actividades náuticas y turísticas afectadas

El decreto impacta directamente en actividades que fomentaban la accesibilidad a la náutica:

  • Excursiones privadas por plazas en veleros y catamaranes.
  • Retiros de yoga y programas para nómadas digitales.
  • Clubes de navegación que ofrecían salidas grupales.
  • Participación en regatas como la Ruta de la Sal mediante compra de plazas.

Posible monopolio y pérdida de competitividad

La norma favorece de facto a las embarcaciones de Lista Segunda (golondrinas), reduciendo la competencia y alejando a Baleares de los modelos turísticos de otros destinos del Mediterráneo, donde la venta por plazas es legal y habitual.

Reacción del sector náutico

Asociaciones y empresas anuncian recursos judiciales y posibles reclamaciones de indemnizaciones.

Denuncias de trato de favor hacia un grupo reducido de empresas beneficiadas por la medida.

Llamamientos a proteger el empleo, la competitividad y la seguridad en la náutica.

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